Ante
el Ministerio público y el OSCE
El
gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Luis Valdez Farías,
dijo que ya se ha denunciado al consorcio a cargo de la obra “Puesta en Valor
de la Plazoleta El Recreo, del Centro Histórico de Trujillo”, la que ya tiene
un avance superior al 50% y es hecha con financiamiento de 2 millones 402 mil
481.03 del Plan Copesco.
Según
explicó, la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, Fiscalía
Provincial Penal Corporativa de Turno, por el presunto delito de falsificación
de documentos y uso de documentos falsificados, en la modalidad de delito
contra la fe pública por falsificación de documentos privados y uso de los
documentos.
Igualmente,
este caso fue hecho de conocimiento ante el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), para que proceda a adoptar las acciones que
le competan.
La
denuncia fue hecha contra el Consorcio Guadalupe, conformado por las empresas
Constructora Blagonza S.A.C., Blacido González S.A., Constructora e
Inmobiliaria, OP & c S.A.P., y Desarrollo Sostenible e Integral S.A.C.
El
funcionario indicó que tras conocerse este caso se trabajó con mucha cautela e
inteligencia, adoptando una estrategia que permitiera evitar perjuicios mayores
a la municipalidad y a la ciudad, y que la obra se paralice por mucho tiempo.
“Parte
de la estrategia fue trabajar en silencio, no se podía adelantar nada para que
los involucrados no paralicen la obra”, aseveró.
La
Gerencia de Administración de la Municipalidad de Trujillo actuó de acuerdo a
lo que competía respecto a la verificación de las cartas fianza, al buscar la
certificación financiera de su validez. A partir de la respuesta recibida es
que se empezó a trabajar en una estrategia que le causara menor perjuicio,
manifestó seguidamente.
“Se
adoptó una decisión y hubo todo un procedimiento al respecto, porque se habían
hecho adelantos económicos a la constructora, como establecen las normas
vigentes”, indicó el funcionario.
Valdez
Farías señaló que se pudo ser más riguroso y quizá rescindir el contrato con el
consorcio constructor, pero esto implicaba que la obra se iba a paralizar y que
si se llevaba el tema al Poder Judicial no se sabía cuánto tiempo podía estar
paralizada.
